El trabajo Infantil en Chile

El trabajo Infantil en Chile

Reflexiones desde la Infancia, los derechos y la educación

El Trabajo Infantil y Adolescente, es una problemática presente y palpable en la sociedad chilena, como así también en el mundo entero.  Frente a ello, tanto organizaciones del Estado como de la sociedad civil articulan y generan acciones para afrontarla, lo que involucra a actores.

La Convención sobre los Derechos  del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por el Estado de Chile en 1990, señala “Los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligros o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, moral o social”.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), UNESCO y otras organizaciones de carácter internacional, han definido esta problemática como “toda actividad laboral que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño e interfiere en su escolarización, obligándoles a abandonar prematuramente las aulas o exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado. Por lo tanto, es todo aquel trabajo que priva a los niños de su infancia, de su potencial y de su dignidad”.

El Ministerio del Trabajo y SENAME (2007) agregan a esta concepción, la categoría etárea, señalando que es la actividad económica desempeñada por menores de 15 años, y además, la independencia de la remuneración: independiente de si reciben un salario, o bien realizan un trabajo familiar no remunerado. La categoría de edad, se encuentra circunscrita a la legislación nacional, la cual sostiene que el trabajo de niños menores de 15 años es ILEGAL, excepto las situaciones especiales en que puedan ser autorizados a trabajar en actividades artísticas.  

Por su parte, existe una distinción especial, referida al trabajo adolescente, este  incluye a niños y niñas entre 15 y 18 años. La Ley 19.684/2000 del Código del Trabajo regula la incorporación al mercado de trabajo de los  adolescentes, exigiendo: la autorización de sus padres tutores o Inspector del Trabajo y la certificación de estar cumpliendo la escolaridad obligatoria. Además, les está prohibido desempeñarse en trabajos nocturnos, subterráneos, que requieran fuerza excesiva, que sean peligrosos para su salud, seguridad y moralidad, o en lugares que expendan bebidas alcohólicas.

De acuerdo a las cifras de la Primera Encuesta Nacional de Actividades de Niños y adolescentes, realizada por el Ministerio del Trabajo con apoyo de la OIT, en el 2003, junto a la información del Registro de las Peores Formas de Trabajo Infantil, se indica que en Chile, existe un total de 196.104 niños, niñas y  jóvenes, entre 5 y 17 años, realizando cualquier tipo de ocupación de manera remunerada o no remunerada, pago en especies o ganancia familiar. De este total 88.428, se encuentran insertos dentro de la ocupación aceptable, entendida como aquella que se realiza cumpliendo la ley, y que no afecta la salud física y mental de quienes la ejecutan. A su vez 107.676, realizan labores en actividades inaceptables, es decir aquellas ocupaciones que vulneran el acceso de niños y adolescentes a la educación, al descanso y a la recreación y ponen en riesgo su normal desarrollo psicológico y social.

En términos escolares, se observa, que el 94,5 % de los niños, niñas y jóvenes que realiza cualquier tipo de trabajo considerado como aceptable, se encuentra inserto de manera regular al sistema estudiantil, mientras que el 78,9% que realizan cualquier tipo de trabajo infantil considerado como inaceptable, se encuentra inserto en el sistema educacional, presentando dificultades en el rendimiento escolar y aprendizaje.

De esta manera surgen múltiples cuestionamientos asociados a los derechos de la infancia, el Trabajo Infantil y la educación. Un estudio de la OIT muestra los beneficios económicos de eliminar el trabajo infantil y sustituirlo por una enseñanza universal, esto ya que si un niño o niña asiste a la escuela regularmente y recibe una educación de calidad no sólo se reduce la posibilidad que trabaje, sino que crecen sus probabilidades de acceder -cuando adulto- a un trabajo decente. Globalmente tales beneficios superan a los costos en una relación de más de 6 a 1, y a cada año de escolarización adicional, a partir de los 14 años, genera un 11% adicional de ganancias futuras por año.

A través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las Naciones Unidas y la comunidad internacional se fijaron metas para garantizar que todos los niños finalicen el ciclo completo de educación primaria, y para alcanzar la igualdad de género en la educación para 2015.

Estas metas sólo podrán alcanzarse si se resuelven los factores que generan el trabajo infantil y que impiden que las familias pobres envíen a sus hijos a la escuela. Entre las principales medidas que debieran adoptarse figuran:

–       Ofrecer una enseñanza primaria gratuita, pública y obligatoria;

–       Eliminar los obstáculos a la educación de las niñas;

–       Asegurar que los niños tengan acceso a una escuela y a un entorno de aprendizaje seguro y de calidad;

–       Facilitar una educación de nivelación a los niños y jóvenes no escolarizados en la educación formal;

–       Abordar el problema del déficit mundial de profesores y asegurar un cuerpo docente adecuadamente formado y profesional;

–       Reforzar las leyes sobre trabajo infantil y educación, en conformidad con las normas internacionales;

–       Luchar contra la pobreza y crear un trabajo decente para los adultos;

–       Aumentar la sensibilización a la necesidad de eliminar el trabajo infantil.

El derecho a una educación ocupa una posición central entre los derechos humanos, ya que es esencial para el desarrollo y el ejercicio de los otros derechos humanos. Constituye el medio a través del cual los niños y jóvenes, económica y socialmente excluidos, pueden salir de la pobreza. Además, los niños y niñas que se han beneficiado de la educación son más propensos a enviar a la escuela a sus propios hijos e hijas.

 

 

 

 

Claudia Pérez Venegas

Coordinadora Programa Proniño

Zona Sur Chile

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